Ecuador.- Ecuador deportó a Colombia a un señalado dirigente de la guerrilla de las FARC vinculado, según la policía mexicana, con el cartel de Sinaloa, quien fue detenido en Quito junto a una colombiana también entregada a ese país.

“Los dos colombianos fueron deportados tras ser detenidos por indocumentados y por haber pedidos de captura en su contra dictados en Colombia”, dijo a la AFP el jefe de la Policía de Migración, coronel Víctor Gangotena.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, agradeció el martes la captura de Fabio Ramírez (alias ‘Danilo’), mientras que su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa advirtió que no permitirá que en su país “actúen grupos irregulares”.

“Esa colaboración del gobierno del Ecuador es lo que necesitamos para que estos bandidos sepan que en ninguna parte van a estar seguros”, afirmó Santos en la población colombiana de Tierralta (norte).

“Siempre hemos perseguido a personas irregulares en estricto apego a la ley, lo hemos hecho cada día de nuestro gobierno”, declaró a su vez Correa, criticando que esos esfuerzos no hubieran sido reconocidos por el anterior gobierno colombiano de Alvaro Uribe.

Una fuente policial mexicana consultada por la AFP aseguró que ‘Danilo’ tiene nexos con el cartel de Sinaloa, aunque no hay procesos en su contra en México.

“Hay informes de inteligencia internacional que lo vinculan con Los Rastrojos y en particular con los hermanos Javier y Luis Enrique Calle, jefes de esa banda que surte de droga al cartel de Sinaloa” del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, señalado como el narcotraficante más poderoso de México, agregó.

El presunto número dos del frente 48 de las FARC y su compañera Yanenci Hoyos fueron entregados por la Policía de Migración a agentes colombianos que arribaron en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) a Quito para trasladarlos.

El hombre, por quien Bogotá ofrecía una recompensa de 350 millones de pesos (195.000 dólares), afirmó en lunes a la prensa ecuatoriana que fue parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un policía ecuatoriano dijo que Ramírez había llegado en busca de atención médica y que “negociaba armamento, munición, explosivos y uniformes militares” para las FARC.

Según el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Edgar Cely, ‘Danilo’ es responsable de un ataque que dejó ocho policías muertos, cuatro heridos y dos más desaparecidos, el pasado septiembre en la población fronteriza de San Miguel.

“Era el hombre de confianza de Milton de Jesús Toncel (alias ‘Joaquín Gómez’)”, comandante del Bloque Sur y miembro del Secretariado (cúpula) de las FARC, añadió.

Asimismo manifestó que el sindicado, de 38 años, llevaba 18 militando en las FARC, y que su aprehensión se logró gracias a inteligencia militar y a la información que suministraron fuentes humanas.

Otros dirigentes de las FARC han sido capturados en Ecuador y entregados a Colombia como Ricardo Palmera (‘Simón Trinidad’), miembro del Estado Mayor de la organización, quien fue localizado en Quito en enero de 2004 y extraditado luego a Estados Unidos.

Igualmente, el 1 de marzo de 2008 fue abatido el número dos de las FARC, Raúl Reyes, junto con otras 24 personas en un bombardeo colombiano a una base clandestina del grupo en el poblado ecuatoriano de Angostura.

España y Ecuador pusieron en vigencia un acuerdo que permite a sus emigrantes jubilarse en cualquiera de los dos países y reconoce los aportes hechos en el pasado, informó el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González.

El funcionario dijo que el “acuerdo aplicativo” del convenio fue suscrito la semana pasada en Madrid por el IESS con la Secretaría de Seguridad Social de España.

“Hemos acordado las dos instituciones sumar las aportaciones de los ecuatorianos que residen en España y de los españoles que residen en Ecuador, para que puedan jubilarse en cualquiera de los dos países”, indicó González al canal GamaTV.

Añadió que el acuerdo beneficiará a unos 600.000 ecuatorianos que residen legalmente en España. “Los que están ya trabajando van a tener la posibilidad cierta de regresar con una jubilación” y recibir atención médica, señaló. González recordó que Quito también firmó la semana pasada el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, por lo que los ecuatorianos podrán acceder a beneficios en este ámbito en España, Bolivia y Brasil, que ya lo habían suscrito.

“Esperamos que hasta fin de año ratifiquen el resto de los países iberoamericanos y esto será un acontecimiento histórico porque cualquier ciudadano que vaya a trabajar va aportando sus pensiones, nunca va a dejar de percibir una jubilación”, destacó.

Los ecuatorianos son la tercera comunidad -después de rumanos y marroquíes- más numerosa de extranjeros en España, con un estimado de 800.000 incluidos los indocumentados.

TEGUCIGALPA – El ex presidente Manuel Zelaya encabezó una protesta contra la decisión de las autoridades de dictar arresto domiciliario de uno de sus colaboradores encausado por corrupción, una medida que considera violatoria del Acuerdo de Cartagena que permitió el regreso de Honduras a la OEA.

Acompañado de centenares de seguidores, Zelaya llegó hasta la sede de tribunales donde dijo a la prensa que “estoy aquí para demandar justicia porque no es justo que se persiga a los afectados por el golpe de Estado (de junio de 2009) mientras se protege a los golpistas”.

El pacto de Cartagena habría revertido el rechazo de países como Venezuela, Brasil y Nicaragua de que se aceptara el regreso de Honduras a la Organización de los Estados Americanos a cambio de que cesarán los procesos judiciales en los que Zelaya y sus colaboradores eran acusados de corrupción y que fueron iniciados después del golpe de estado.

“Se ha iniciado una persecución contra los opositores y se irrespetó el Acuerdo de Cartagena. Y no habrá reconciliación en Honduras mientras no haya equidad para todos”, expresó el ex gobernante.

El ex ministro de la Presidencia Enrique Flores había sido convocado a una audiencia dentro del proceso que se le sigue, pero la misma fue suspendida después de que la Fiscalía recusó a la jueza a cargo de la causa María Dolores López, aduciendo que la jurista sobreseyó los casos a al menos seis ex funcionarios de Zelaya sindicados de corrupción.

‘Atropello contra compañeros’

El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), un movimiento que respalda a Zelaya, Juan Barahona, afirmó a la AP que la movilización “es contra el poder judicial por el atropello que comete en contra de los compañeros… y estamos en las calles para protestar contra ese poder golpista”.

“El poder judicial atenta contra Flores, miembro de la Comisión Política del FNRP”, agregó Barahona.

Un juez dispuso el miércoles el arresto domiciliario de Flores y a pagar en 30 días una fianza de 1,4 millones de dólares, la que el ex funcionario dijo que no lo haría por carecer de dinero. La fiscalía lo acusa de malversar unos cinco millones de dólares en su gestión.

Flores, quien se refugió en Nicaragua luego del golpe contra Zelaya en junio del 2009, retornó a Tegucigalpa el 28 de mayo en el mismo avión que ese día trajo a Zelaya (2006-2009) del exilio.

El presidente Porfirio Lobo aseguró en la víspera que su gobierno no violó el trato y pidió a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, integrada por Colombia y Venezuela, a nombrar juristas internacionales para a verificar la situación legal de Flores. Esa comisión aún no se ha pronunciado sobre el tema.

TEGUCIGALPA -  La mayoría de los hondureños desconfía de que el presidente Porfirio Lobo pueda hacer “algo bueno” por el país y piensa que la inseguridad aumentará este año, según una encuesta privada difundida el martes.  El sondeo, de la firma Cid-Gallup, se realizó entre el 14 y 20 de junio pasado, según publicó este martes el diario La Prensa de Tegucigalpa, que no precisa datos de la ficha técnica del estudio.  A la pregunta de si “Lobo hará algo bueno por el pueblo”, el 46 por ciento de los encuestados respondió que “casi nunca” y el 15 por ciento que “nunca”, mien tras que un 33 por ciento señaló que “casi siempre” y el 6 por ciento que “siempre”.  Reprobado en empleo  Según el estudio, al evaluar de forma “general” la gestión presidencial, el 33 por ciento cree que Lobo no lo hace “ni bien ni mal” como presidente, mientras que un 26 por ciento piensa que lo hace “bien” y un 23 por ciento “mal”.  Lobo salió reprobado en los temas como la seguridad, que junto con el empleo centraron las promesas de campaña cuando buscaba la Presidencia de Honduras, que asumió el 27 de enero de 2010.  Un 71 por ciento cree que el crimen y la violencia aumentará este año y 70 por ciento considera que esas lacras sociales aumentaron en los últimos cuatro meses.  “En uno de cada tres hogares -lo que representa un 33 por ciento- reside una persona que ha sido víctima de robo o asalto en los últimos cuatro meses”, indicó la encuesta, según publicó el diario local.  En materia de corrupción, el 84 por ciento de los encuestados considera que en la Administración de Lobo hay “más o “igual” que en Gobiernos anteriores.  Buena política exterior  Lobo obtuvo opiniones favorables en lo que respecta a las relaciones exteriores del país, al que la comunidad internacional volvió a reconocer el pasado 1 de junio tras el aislamiento derivado del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya.  El 40 por ciento de los encuestados valoró como buena la política exterior de Lobo, lo mismo que la gestión educativa (38 por ciento), de acuerdo con el sondeo de Cid-Gallup.  En el ámbito político, la encuesta atribuye un empate, con el 35 por ciento, al respaldo popular del que gozan los tradicionales y conservadores partidos Nacional, en el poder, y Liberal, primera fuerza de oposición.  Además, entre los personajes con mayor aceptación figura de primero el presentador de televisión Salvador Nasralla, quien analiza participar como candidato independiente en las elecciones generales de noviembre de 2013.

MEXICO – Un hondureño y un guatemalteco son los dos testigos que denunciaron el supuesto secuestro masivo de indocumentados en el sureste de México, informó el martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que inició una investigación propia para aclarar lo sucedido.

Fernando Batista, responsable del programa de atención a migrantes de la CNDH, dijo el martes que los dos testigos ya presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y actualmente rinden declaraciones a fiscales de esa dependencia.

Narraron el secuestro

Refirió que el hondureño y el guatemalteco, cuyas identidades fueron mantenidas en reserva, narraron a personal de la comisión que el 24 de junio el tren en el que viajaban junto con entre 200 y 250 indocumentados se detuvo en una comunidad del estado de Veracruz y en ese momento vieron a por lo menos 10 personas armadas y encapuchadas descender de tres camionetas y les exigieron a los migrantes a bajar del ferrocarril.

Dijo que los testigos vieron que los hombres armados y vestidos de negro subir a dos personas a una de las camionetas.

Posteriormente vieron que otros de los encapuchados se acercaron a dos mujeres, dos hombres y un menor de edad que permanecían en uno de los vagones del tren.

Según los primeros testimonios ante la CNDH, el hondureño y el guatemalteco saltaron en ese momento del tren y se ocultaron por cerca de tres o cuatro horas para evitar ser capturados.

El presunto secuestro fue denunciado originalmente por el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable de un albergue para migrantes, y dijo que al menos 80 indocumentados habrían sido plagiados.

MEXICO – El presidente Felipe Calderón admitió que la violencia puede permear los próximos comicios estatales y federales, como ocurrió en las elecciones locales que se realizaron el año pasado.

En una entrevista la Grupo Imagen Multimedia, el mandatario mexicano dijo que se tiene que hacer todo lo posible para evitar que la violencia empañe las jornadas electorales que se realizarán este fin de semana en cuatro estados del país, así como en las presidenciales a realizarse el próximo año.

Dijo que para evitar la violencia en los comicios también es competencia de los partidos políticos.

“Creo que por eso hay que acelerar el proceso de transformación institucional y esclarecer reglas de juego y metodológicas específicas de protección de candidatos, de desarrollo de eventos, de persecución de criminales en zonas críticas, etcétera”, destacó el mandatario en entrevista al Grupo Imagen Multimedia.

La entrevista fue reproducida por el periódico Excelsior, perteneciente el Grupo Imagen.

Desde que el presidente Calderón asumió el poder en diciembre del 2011, lanzó una ofensiva militar contra el crimen organizado.

Tanto la lucha anticrimen como la guerra entre los cárteles ha dejado más de 37 mil muertos en todo México.

Rumbo al 2012

En otra entrevista con TV Mileno, Calderón habló sobre los aspirantes a sucederlo en los comicios del 2012 y destacó que son bienvenidas todas las ideologías.

“Todas las ideologías y todos los candidatos tienen cosas buenas y cosas que pueden ser motivo de preocupación; dependerá de cómo las resuelven en la propia campaña y estando en el poder, si es que llegan a gobernar”, expresó el mandatario a la televisora medxicana.

El jefe del Ejecutivo descartó que el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Peña Nieto sea un peligro para el país.

Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, es el favorito para suceder a Calderón, de acuerdo a las encuestas realizadas últimamente.

Respecto a los aspirantes de su partido (Acción Nacional) dijo que tienen su respaldo y solo es cuestión de que lo expresen y esperen a que se dicten las reglas internas del partido.

Negó que tenga un favorito a sucederlo, como lo han manejado varias versiones periodísticas, que señalan al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero como el elegido de Calderón.

Por: Eduardo Cruz

Charlotte, NC.- La American Civil Liberties Union, ha prometido una demanda en respuesta a la firma de la  gobernadora Nikki Haley, de la nueva ley SB-20 sobre inmigración ilegal. La ley firmada el lunes 27 de junio por la tarde, requiere que todos los negocios verifiquen la contratación de sus empleados a través de un sistema federal en línea (E-Verify ) y autoriza a la policía en el estado de Carolina del Sur para verificar el estado de un sospechoso ilegal. La nueva ley se establece que entrará en vigor en enero de 2012.

Policía con plenos poderes
Los cambios en las leyes obligan a la policía de Carolina del Sur para llamar a los oficiales federales de inmigración, si alguien es sospechoso de estar ilegalmente en el país. Además crea una nueva fuerza policial para hacer cumplir una ley, a través de una identificación fotográfica de inmigrantes ilegales. Las personas condenadas por ese delito podrían enfrentar multas 25.000 dólares y cinco años de prisión. Estos cambios son medidas duras a nivel estatal para frenar a los inmigrantes ilegales que viven y trabajan en Carolina del Sur.
Bajo estos cambios, la policía puede preguntar sobre estatus de inmigración después de una parada de detención o de tránsito y no puede retener a nadie solamente en la sospecha de que es un inmigrante ilegal. Se exigirá que los funcionarios que llamen a los oficiales federales de inmigración, tengan evidencias de que alguien está ilegalmente en el país.

Hija de inmigrantes
La  gobernadora Haley Nikki, es hija de inmigrantes de la India e hizo hincapié en su experiencia cuando habló con partidarios y opositores antes de la firma de la medida. “Como hija de inmigrantes, quiero hacer a todos conscientes de que esta medida tiene una to-lerancia al mismo. … Esto no es un proyecto de ley que impulsa un grupo u otro grupo, se trata de un proyecto de ley que hace cumplir las leyes”. Además manifestó “Los inmigrantes ilegales que llegaron a este estado, tendrán que pagar el precio y llegar de la manera correcta”, “Lo que estamos diciendo es que este estado ya no puede permitirse darse el lujo de apoyar a las personas que no viven aquí de la manera co-rrecta y ahora vamos a hacer algo al respecto”.
La ley de inmigración ilegal en Carolina del Sur fue considerada como una de las más duras medidas de la nación cuando fue aprobada por primera vez en 2008. Pero los legisladores han criticado por no poner el dinero en hacer cumplir la ley. El plan de gastos ahora incluye $1,3 millones a la unidad de aplicación de la ley.
A pesar de los costos, Haley dijo que el estado va a ahorrar dinero ya que los inmigrantes ilegales utilizarán menos servicios.
Con esta información salimos para conocer que opinaban los hispanos al respecto y esto fue lo que nos manifestaron: “Habemos muchas personas que por la proximidad que tenemos con Carolina del Sur, siempre tratamos de ahorrar algún dinero colocando gasolina en este estado, pero ahora este ahorro también se esfumaría”. Otro entrevistado nos comentó “Los que trabajamos en la  construcción sabemos que hay que ir donde haya trabajo, pero con esta nueva ley va ser difícil salir de North Carolina”.

Sin dejar al margen que los funcionarios del gobierno federal, continúan afilando medidas contra la contratación laboral de indocumentados, el aumento del desempleo sigue viento en popa con una actual tasa de 9.1 por ciento, lo que comprueba que aún más de 13 millones de personas desempleadas siguen viviendo un trauma laboral. Aunque se hayan creado hasta la actualidad 54 mil puestos de trabajo, según la Secretaría del Trabajo, también es cierto que 83 mil puestos de la misma área se han perdido en el sector público, cuyo desbalance no permite tener por lo menos 200 mil puestos de trabajo para que cambie la economía, o por lo menos ayude a fortalecerla. Mientras el gobierno federal no incentive al sector privado para su economía no habrá recuperación, porque ésta no es solo tarea del sector público sino del sector privado, quien tiene más puntos favorables por el solo hecho que la administración privada no cuenta con armas politiqueras sino con políticas económicas dentro del desarrollo socio económico nacional. El gobierno federal rehúye en deponer su actitud hacia el gasto público, lo que está permitiendo que el presupuesto nacional crezca cada día más. La tarjeta de crédito del gobierno federal la está usando más para continuar en un endeudamiento fiscal sin precedentes en la historia de los estadounidenses. Se continúa gastando dinero que no hay y el país entero tiene problemas económicos para recuperarse. El Congreso de los Estados Unidos, debe dejar de practicar políticas partidistas, porque el problema central es la economía del pueblo norteamericano y obviamente su seguridad nacional. Sin embargo, los nuevos puestos de trabajo creados por el gobierno federal no son suficientes para gente joven, según la estrategia de la Secretaría del Trabajo Estadounidense. Mover una economía con un porcentaje laboral bajo es sumamente insuficiente. La contratación laboral funcionaría mejor mediante la creación de nuevos puestos de trabajo entre el sector público y privado; o sea la empresa privada y el gobierno federal, sería una salida más firme para evitar que siga viento en popa el desempleo. La alternativa, como solución inmediata, la tiene el presidente estadounidense, cuando él se dirija al sector bancario, que es donde está el dinero, para que este salga a mover la economía nacional del pueblo estadounidense. Solo con esa alternativa en materia económica se podrá resolver los problemas de los norteamericanos, en los que, sin lugar a equivocaciones, EL SECTOR LABORAL HISPANO INMIGRANTE, tendrá mejores oportunidades de aumentar la economía de los EE.UU., quienes han sido, son y serán el motor económico de esta nación, los que producen y consumen como ninguna otra comunidad inmigrante en este país. No obstante, de este histórico desbarajuste económico, se siguen frenando a los impulsadores de la economía norteamericana, a los inmigrantes hispanos, porque con una población con más de 50 millones, sobran las palabras para que se equivoque el gobierno federal, cuando de esas millonadas de hispanos existen dueños de negocios grandes, medianos y pequeños que sostienen la economía estadounidense; especialmente, a los dueños de pequeños negocios que tienen un reflejo importante en este país, para que no haya bajado más de lo que está impactando la recesión económica en todos los sectores sociales. La táctica del gobierno federal en perseguir a empleadores de inmigrantes indocumentados seguirá en un ascenso fracasado, porque la mano de obra barata de los hispanos, incluidos indocumentados, es la que ha construido exitosamente para esta nación; y por supuesto, de esa mano de obra barata, el fisco ha enriquecido al erario nacional estadounidense, cuyos impuestos pagados por hispanos al IRS, jamás retornarán a los bolsillos de la gran familia que indiscriminadamente sigue siendo perseguida en el país, donde sigue dejando los mejores días de su vida, para los que trabajan y trabajaron; y, para los que lo abandonaron por persecución migratoria de Inmigración, así como por la alta tasa de desempleo existente.

Miami.-  Decenas de personas han demandado al gobierno de Estados Unidos debido a que las autoridades les dijeron por error que habían ganado la posibilidad de solicitar una visa estadounidense en un sistema de lotería anual.
La psicóloga Armande Gil, oriunda de Francia, vive en Miami y es una de las personas que buscan darle carácter colectivo a una demanda federal presentada la semana pasada en Washington.
Gil dijo que gastó tiempo y dinero en prepararse para una nueva vida y que le causó hondo pesar enterarse de que todo fue un desastre burocrático. Gil y otras personas quieren que se les mantenga la condición de ganadores de la lotería.
“La decisión del Departamento de Estado me generó una gran tensión en términos financieros, psicológicos y prácticos”, relató Gil. “Creí que por fin ya estaba en el proceso de conseguir un permiso laboral y la residencia, y todo se derrumba”.
Las autoridades les comunicaron a principios de mayo a unas 22.000 personas que habían sido seleccionadas en el Programa de Lotería de Visa de Diversidad, mediante el cual las personas de países con tasas bajas de inmigración hacia Estados Unidos pueden solicitar una visa entre 55.000 disponibles.
Pero dos semanas después, las autoridades de inmigración anunciaron que la selección fue distorsionada por una falla en el sistema informático y que la ronda inicial fue anulada. En vez de que los aspirantes fueran designados al azar, casi todos fueron seleccionados entre quienes presentaron sus documentos en los dos primeros días del proceso de solicitud.
Las autoridades programaron una nueva lotería para el 15 de junio, y los candidatos de la primera ronda tienen derecho a participar. Deben aprobar pruebas relacionadas con la seguridad y otros antecedentes, pero quienes clasifican son generalmente aceptados.
El abogado de Gil, Kenneth White, afirma que el gobierno de Estados Unidos violó un compromiso escrito y público con los solicitantes.
“Hay millares de hechos específicos que apenas si pueden explicar el dolor que esto ha causado -personas que pierden empleos, que rechazan ofrecimientos laborales, que venden pertenencias como automóviles, que cancelan acuerdos de arrendamiento de vivienda de largo plazo, que se casan, que gastan de manera colectiva cientos de miles de dólares en tarifas de mensajería y postales para presentar las solicitudes, que se aplican estudios médicos, que se aplican vacunas, que viajan a sus países de origen- todo basado en la importancia de la notificación que por escrito hizo el gobierno de Estados Unidos”, redactó White en la demanda.
Una vocera del Departamento de Estado, Heide Bronke Fulton, dijo que su institución estaba consciente del “potencial” para interponer una demanda, pero que no podía confirmar si el caso había sido presentado judicialmente.
Fulton indicó que el departamento no tuvo otra opción que anular los resultados iniciales y realizar otro sorteo porque la primera lotería no fue al azar como lo estipula la ley.
Gil, de 42 años, dijo que llegó inicialmente a Estados Unidos hace 13 años para completar una maestría en la Universidad de Texas. Aseguró que, luego de recibir el doctorado en la Universidad de Georgia, tuvo recientemente un curso de capacitación en neuropsicología en la Universidad de Miami. Cuando venció su visa estudiantil, le ha resultado imposible adaptarse a su nueva condición profesional, y hasta encontrar trabajo.
White dijo que entre los inmigrantes interesados en la demanda hay graduados en la conferencia deportiva universitaria Liga de la Hiedra, ingenieros, médicos y economistas investigadores, quienes provienen de al menos 20 países como Camerún, Francia, Irán, Japón, Nepal, Rusia y Yemen.

Columbia.-  La legislatura estatal aprobó el martes  21 de junio, una iniciativa de ley que exige a la policía de Carolina del Sur revisar el estado de inmigración de sospechosos y ordena que todos los negocios revisen sus contrataciones a través del banco de datos    federal en línea.
La Cámara de Representantes aprobó por 69-43 aceptar los cambios realizados por el Senado y envió la ley a la gobernadora Nikki Haley, cuyo vocero confirmó que ella la firmaría.
El presidente de la cámara baja Bobby Harrell señaló que Carolina del Sur es el más reciente de una serie de estados que han implementado tales requerimientos.
“Si Washington se niega a apoyar con efectividad a nuestros agentes del orden aplicando las leyes de inmigración, queda a los estados levantarse y hacer lo correcto”, dijo el legislador republicano. “Eso es exactamente lo que hizo Carolina del Sur al asegurarse que nuestros agentes tengan las herramientas de ejecución que necesitan durante este tiempo de indecisión federal”, agregó.
El proyecto de ley amplía una ley estatal del 2008 que en su momento fue considerada una de las medidas de fuerza más duras de la nación contra la inmigración ilegal.
Exige a los agentes del orden llamar a oficiales federales de inmigración si sospechan que alguien está ilegalmente en el país. La pregunta sobre la situación migratoria del sospechoso debe hacerse después de un arresto por cuestiones viales o por otra razón. La medida prohíbe a los agentes detener a alguien sólo por la sospecha de ser indocumentado.
Los opositores a la iniciativa argumentan que ésta alentará la discriminación racial y ocasionará demandas. Más allá de la posibilidad de demandas por parte de grupos defensores de los derechos civiles, la medida permite a residentes demandar a los gobiernos locales que impidan o restrinjan el cumplimiento de la misma por parte de los agentes.
“Estamos preparando el camino a la caracterización racial”, dijo el legislador demócrata David Mack. “Vamos a tener situaciones en las que estadounidenses trabajadores de cierto color (…) serán detenidos cuando transiten en sus vehículos por la simple razón de ser morenos. Eso está mal”, enfatizó.