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Organizaciones proinmigrantes presentan argumentos en contra de la ley HB 56

Posted on 24 August 2011 by elprogreso

MONTGOMERY, Alabama – La jueza de distrito Sharon Blackburn escuchará los argumentos de representantes del gobierno federal de Washington y de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes para determinar si la nueva ley migratoria HB 56 que entra en vigor el 1 de septiembre afecta las libertades civiles o si por el contrario protege los empleos de los estadounidenses y defiende las fronteras, tal y como argumentan sus promotores.

Además del departamento de Justicia, la ley HB 56 de Alabama fue demandada por grupos de derechos civiles, organizaciones pro inmigrantes y religiosos, quienes piden pidieron a la Corte anular la legislación patrocinada por legisladores republicanos.

La jueza Blackburn tiene prevista una audiencia para las 9 de la mañana de este miércoles. Los demandantes quieren además que la Corte bloquee temporalmente la ley mientras se lleva a cabo el juicio.

La ley migratoria de Alabama, inspirada en la polémica ley SB 1070 de Arizona, es considerada como la más dura en su tipo. Además de criminalizar la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país, con excepción de Arizona, sigue siendo una falta de carácter civil no penal), la HB 56 obliga a las escuelas a identificar y denunciar a estudiantes sin estadía legal en Estados Unidos.

Las demandas

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) encabezó en julio un grupo de organizaciones que presentó una petición preliminar para que la jueza Blackburn dicte un bloqueo a la HB56.

“Presentamos una petición preliminar para bloquear la ley antes de que entre en vigor el 1 de septiembre”, dijo a Univision.com el abogado Sigfredo Rubio, de la ACLU en Alabama. “La medida tiene el propósito de que la jueza tome una decisión preliminar primero antes de discutir el caso en un juicio”.

La ley migratoria HB56 de Alabama, además de criminalizar la estadía indocumentada, otorga poderes extraordinarios a las policías locales para detener a individuos si tiene dudas razonables que se trata de indocumentados, y obliga al personal educativo reportar a los alumnos indocumentados.

A principios de julio la ACLU junto con el National Immigration Law Center (NILC) y el Southern Poverty Law Center, interpusieron una demanda contra la HB56 en la corte federal de distrito Norte, que tiene jurisdicción sobre Alabama.

Clima de miedo

Las organizaciones argumentan que la ley lesiona los intereses de miles de habitantes del estado de Alabama y afecta “múltiples aspectos de la vida diaria de un sinnúmero de personas” de ese estado del sur.

“También pedimos a la jueza una audiencia para argumentar nuestro caso antes del 1 de septiembre”, agregó Rubio. “Esperamos que la jueza lea nuestra petición e imagino que habrá una petición oponiéndose y nos van a citar para que presentemos los argumentos. Ese es el proceso a seguir. Nosotros confiamos en que la corte atenderá el pedido y procederá a bloquear la ley antes que ésta entre en vigor. Si no es así, va a causar daños irreparables”.

La HB56 “es más opresiva que las leyes de Utah, Indiana, Arizona y Georgia”, dijo Andre Segura, abogada del Proyecto de derechos de los Inmigrantes de ACLU. “No sólo es abiertamente inconstitucional, sino que va en contra de los valores estadounidenses”.

A juicio de ACLU, la HB56 autoriza la discriminación racial, disuade a los niños de ir a la escuela y criminaliza a quienes le echan una mano de ayuda a los indocumentados.

“Esta ley no sólo es antiinmigrante, sino es antiestadounidense”, opinó Olivia Turner, directora ejecutiva de la oficina de ACLU en Alabama.

Escasez de trabajadores

Los agricultores de Alabama temen que si la HB 56 entra en vigor, no hallarán trabajadores con salarios al alcance de su bolsillo para cosechar sus cultivos.

El Centro Pew Hispano (un grupo privado de Washington que estudia los movimientos de inmigración) estima que en Alabama viven unos 120 mil inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales trabajan en plantaciones, centros avícolas y en la industria de la construcción.

Otra de las medidas contempladas en la HB 56 prohíbe el traslado de indocumentados y exige que los habitantes del estado porten documentos de identificación.

El gobierno de Obama y las organizaciones y grupos que demandaron la ley de Alabama alegan que la HB 56 pone en riesgo los derechos civiles. El Departamento de Justicia señala además que la ley migratoria del estado de Alabama viola la constitución al usurpar poderes del gobierno federal.

Los promotores de la medida insisten en que se vieron obligados a proponerla a causa de la inacción del gobierno federal en el tema de los millones de indocumentados.

A la fecha, jueces federales han impedido que leyes similares a la de Arizona –y la propia ley de Arizona- entren en vigor de manera total y han detenido aquellas partes más polémicas, como el arresto de individuos si la policía tiene duda razonable que se trata de indocumentados y la obligación de portar documentos de identidad tanto a ciudadanos como inmigrantes.

Otros detalles de la ley

Además de criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías, la HB56 obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

También prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

Cesar Marfil Rubio, un periodista y activista comunitario en Birmingham, dijo que la ley fue promulgada “ahora que hay más trabajo en Alabama”, empleos creados para reconstruir el estado tras el paso de mortales tornados en mayo que dejaron cientos de muertos cuantiosos daños materiales.

“Los eventos de entrenamiento ya no son masivos como antes. La gente tiene miedo. Muchos inmigrantes tienen sus casas en Alabama, sus hijos que aquí nacieron y están muy nerviosos. La mayoría son mexicanos, casi el 65%. Luego siguen los guatemaltecos y los hondureños. La mayoría de los trabajos están en las polleras (criaderos de pollos), la construcción y los servicios”, señaló.

En junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos –OEA-) exhortó a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

“Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley”, señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

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