Washington.- Activistas y abogados de inmigración advirtieron a la población hispana que no contraten los servicios de notarios o consejeros que prometen permisos de trabajo y legalización en respuesta al anuncio del gobierno federal sobre la suspensión de las deportaciones de aquellos inmigrantes que no tengan antecedentes penales.
“No se entreguen a las autoridades de inmigración pensando que no serán deportados y que obtendrán un permiso de trabajo. Eso sería un gran error. Y tengan cuidado con los que se aprovechan de la gente. Si tienen preguntas, consulten con un abogado”, añade la activivista.
También se advirtie sobre aquellos que se aprovechan de la situación y ofrecen papeles a los inmigrantes indocumentados siempre y cuando completen un formulario.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron la nueva medida que, en definitiva, suspenderá las deportaciones de aquellas personas que ya están en proceso de deportación y que no carezcan de antecedentes penales.
Las autoridades de inmigración estadounidenses revisarán uno a uno los más de 300,000 casos y aplicarán la discreción en el otorgamiento del beneficio.
Criterios a tener en cuenta
La decisión de suspender la deportación o cerrar el caso de manera temporal se basará en los siguientes criterios:
- Las prioridades civiles de la oficina de inmigración.
- El tiempo que la persona ha permanecido en los Estados Unidos, con consi-deración especial al tiempo que ha permanecido legal en el país, las circunstancias de la llegada de la persona en Estados Unidos y su forma de entrada, particularmente si la persona llegó a los Estados Unidos como un niño pequeño.
- Si la persona está en búsqueda de una educación en Estados Unidos, con especial consideración dada a los que se han graduado de una escuela estadounidense o han seguido con éxito o están llevando a cabo una carrera universitaria.
- También se tendrá en cuenta si si la persona, o un pariente inmediato de la persona, ha servido en las fuerzas militares de Estados Unidos, las reservas o la Guardia Nacional, con consideración especial a aquellos que han servido en una zona de combate.
- Antecedentes penales de la persona, incluyendo las detenciones, condenas anteriores u órdenes de detención/arresto pendientes.
- La historia inmigratoria personal, incluyendo previa deportación, orden pendiente de deportación, negación de beneficio inmigratorio, o indicios de fraude inmigratorio.
Otros criterios que las autoridades aplicarán tendrán que ver con que si la persona presenta un riesgo a la seguridad nacional o seguridad pública.
También considerarán:
- Los vínculos de la persona y sus contribuciones a la comunidad, incluyendo sus relaciones familiares.
- Vínculos de la persona a su país de origen y la situación del país.
- La edad de la persona, teniendo especial atención a menores y ancianos.
- Si la persona es cónyuge, tiene un hijo, padre o madre que es ciudadano de Estados Unidos o residente permanente y si la persona está a cargo de una persona con una discapacidad mental o física, menor de edad, o un familiar gravemente enfermo.
- También evaluarán si la persona o cónyuge de la persona está embarazada o amamantando.
- Si la persona o cónyuge de la persona sufre una enfermedad mental o física severa.
- Si la nacionalidad de la persona hace poco probable la deportación.
- Si hay posibilidad que se le conceda una condición temporal o permanente por un familiar ciudadano de Estados Unidos o residente permanente.
- Si es probable que se le conceda condición temporal o permanente u otros tipo de remoción, incluyendo la aprobación de una solicitud de asilo, o de una aplicación por ser víctima de violencia doméstica, entre otras.
- Si la persona está actualmente cooperando o ha cooperado con las autoridades federales, estatales o autoridades locales de aplicación de la ley, tales como la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
Medida “discrecional”
Para la decisión en cada caso que se solicite un permiso, se tendrán en cuenta los criterios antes mencionados.
Nuevas guías para deportaciones: Ver para creer
Washington, DC.- Tras la intensa presión de grupos pro inmigrantes y más de un millón de deportados, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia que llevará a la práctica lo que puso en papel hace unos meses y lo que debió hacer desde un principio: priorizar las deportaciones para centrarse en quienes realmente suponen una amenaza a nuestra seguridad y no en estudiantes, padres o madres.
Lástima que el alivio llegará muy tarde para muchos que ya fueron removidos sin tener historial criminal y otros que serán removidos en tanto se afinan las directrices.
Es sin duda un paso importante, pero no hay que cantar victoria tan pronto. Como bien dicen, el papel todo lo aguanta y la prueba de fuego estará en la práctica.
Con programas como Comunidades Seguras y 287(g) vigentes queda por ver cómo las directrices de arriba se hacen cumplir sobre el terreno y si el gran anuncio se queda corto en el día a día de las diversas agencias que tienen injerencia en la detención y eventual remoción de inmigrantes.
Hay sectores de esta nación donde, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza opera con impunidad y casi con sus propias reglas. Hay familias que viven lejos de la frontera pero casi en estado de sitio con temor incluso a salir de sus hogares para las necesidades básicas para no convertirse en una estadística más. Y las estadísticas ignoran el drama que vive cada familia cuando uno de los suyos es deportado sin remedio.
Este anuncio ha generado además mucha confusión. Aunque aplica a unos 300 mil casos de personas en proceso de deportación, también puede potencialmente beneficiar a miles, no como grupos sino de manera indivi-dual: estudiantes, menores de edad, familiares de personal militar, residentes legales, parejas del mismo sexo, víctimas de violencia doméstica, discapa-citados, padres o madres que sean el único sostén en la crianza de sus hijos, personas con profundos lazos en la comunidad. Mientras no haya una solución amplia, como una reforma migratoria integral, el riesgo a la detención y eventual deportación siguen presentes.
Se hacen presentes también los usureros y notarios inescrupulosos que comienzan a venderle falsas expectativas de ajuste migratorio a personas desesperadas por una solución. Este caso no será la excepción.
La administración sabe que hay frustración en la comunidad hispana ante la falta de una reforma; sabe que hay dolor en esa comunidad porque los deportados son familiares o conocidos incluso de votantes latinos que con tanto entusiasmo ayudaron a que Barack Obama ganara la presidencia en el 2008.
La administración sabe que en las elecciones de 2012 necesita cada voto para reelegirse y compensar por quienes abandonen el barco ya sea por la economía o por el mismo tema migratorio. Sabe que tiene que demostrar con algún hecho tanta promesa pendiente.
Queda por ver si los cambios sólo buscan aplacar ese descontento entre algunos sectores hispanos o si realmente resultarán en algún alivio.
No quiero ser pesimista. Pero sé que los cambios toman tiempo sobre todo cuando se trata de poner un hasta aquí a las malas costumbres arraigadas de algunas agencias migratorias.
Como Santo Tomás, se tendrá que ver para creer.