Washington.- Un día después de conocerse la petición del gobierno para cancelar unas 1,600 órdenes de deportación, la Casa Blanca dijo que la recomendación para anular 14% de los 11,682 casos de expulsiones en Denver y Baltimore es un porcentaje que podría aumentar o disminuir porque el programa piloto aún no ha terminado.
La recién designada directora del Consejo de Política Interna, Cecilia Muñoz, dijo en conferencia de prensa en Washington DC que las cifras no son definitivas porque el departamento de seguridad nacional (DHS) aún revisa los antecedentes criminales de inmigrantes no encarcelados por autoridades federales en esas dos ciudades.
“No comenzamos con una idea cierta de qué porcentaje iba a ser (el de deportaciones canceladas). No se puede saber con anticipación, es algo para decidir caso a caso”, dijo. “Si esto llegara a ser el resultado en todo el país estamos hablando de 40.000 personas cuyos casos serán cerrados, pero no sabemos si eso será así”.
Reporte exclusivo
Un funcionario de DHS compartió el jueves con The Associated Press los resultados preliminares tras revisar casos en Denver y Baltimore, un programa piloto que forma parte de una promesa del presidente Barack Obama de enfocar los esfuerzos de deportación en personas que, además de encontrarse sin permiso en la nación, fueran delincuentes y representaran una amenaza a la seguridad nacional o pública.
Muñoz también indicó que las personas cuya deportación ha sido cancelada tienen la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, pero “no hay garantías”.
Rechazo republicano
Críticos de la revisión y política de discrecionalidad han dicho que el presidente Obama está eludiendo al Congreso para cambiar las políticas de inmigración.
En noviembre del año pasado el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, aprobó una medida que obligó al DHS a entregar una lista con los nombres de unos 300 mil casos de deportación que quedaron pendientes el 18 de agosto cuando el gobierno anunció que revisaría su política sobre el tema.
Los siete miembros republicanos del subcomité del Comité Judicial, liderados por Lamar Smith, votaron a favor de emitir la orden, mientras que los cuatro demócratas votaron en contra.
Consulte un abogado
AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque “pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación”.
“Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos”, subrayó AILA.
En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe “tener cuidado” y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.
En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.
No se trata de una “amnistía
“
El anuncio del 18 de agosto “no se trata de un programa de amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio”, dijo AILA.
La Asociación reiteró además que el anuncio del ICE de agosto no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.
La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.
En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que “no hay no hay ningún formulario” y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.
