Managua.- Estados Unidos advirtió que es muy difícil que renueve la dispensa que otorga anualmente a Nicaragua para que pueda recibir ayuda y préstamos internacionales, debido a la falta de transparencia fiscal y electoral en este país, indicó una fuente diplomática.

Estos problemas “hacen que la decisión para el otorgamiento de la dispensa sea muy difícil”, afirmó la nueva embajadora estadounidense en Nicaragua, Phyllis Powers, durante un encuentro con la Cámara de Comercio Americana.

Precisó que a Washington le preocupa “la persistente falta de transparencia fiscal (y) la incapacidad del gobierno de Nicaragua de tomar acciones concretas para resolver la toma e invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses”.

A Estados Unidos también le inquieta “las graves irregularidades” ocurridas en los comicios de 2011 en los que el presidente Daniel Ortega obtuvo su reelección y “la ausencia de medidas que indiquen que se están mejorando las condiciones” para las municipales de noviembre.

“Nosotros analizamos (…) si el otorgamiento de estas dispensas mejorará la seguridad ciudadana, si ayudará a frenar el tráfico de drogas, si contribuirá al bienestar de toda la región y si apoyará a la democracia”, dijo Powers.

Se evalúa, además, si “el otorgamiento de estas dispensas contribuirá a dar impulso a los intereses de Estados Unidos en Nicaragua y el resto de la región”, subrayó, en su primer discurso tras asumir funciones este mes.

No obstante, dijo que desea “trabajar mano a mano con todos los nicaragüenses para lograr el bienestar económico y fortalecer las instituciones democráticas”.

La ley prohíbe a Washington entregar ayuda o avalar préstamos de organismos internacionales a países como Nicaragua, que no han resuelto problemas de propiedades de ciudadanos estadounidenses que fueron confiscados durante el primer gobierno sandinista (1979-1990).

El ‘waiver’ (dispensa) es una excepción a la ley que Estados Unidos aprueba anualmente y que Nicaragua recibía desde la década del 90 sin problemas.

San Salvador.- Las autoridades de Seguridad Pública de El Salvador destacaron que los homicidios y las extorsiones siguen registrando un marcado descenso, luego de una tregua entra las temibles pandillas y los nuevos planes represivos de la policía.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, general David Munguía Payés manifestó en conferencia de prensa que “ya cumplimos más de dos meses desde que hemos comenzado a tener una baja significativa en este tipo de actividades delincuenciales y todavía la mantenemos”.

Destacó que entre el uno y el 13 de mayo se ha registrado una reducción del 57,7% en la cifra de homicidios en el país, haciendo un promedio diario de 4,8 muertes violentas por lo que la tendencia a la baja se mantienen desde marzo.

Según las estadísticas de la policía, enero y febrero fueron los meses más violentos con 411 y 402 homicidios, mientras que en marzo, la cantidad de muertes violentas se redujo a 255.

En abril se registraron en el país 147 homicidios, cifra que representa una reducción de 55% en comparación al mismo período de 2011 en que contabilizaron 331 asesinatos, indicó la Policía Nacional Civil.

Cuando se registraban al menos 14 muertes violentas al día, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y el Barrio 18, acordaron en la primera semana de marzo una tregua para bajar el índice de homicidios.

Sin destacar la tregua entre las pandillas para la reducción de los homicidios, Munguía Payés señaló que la policía ha mantenido “una alta operatividad, continuando golpeando diferentes estructuras a lo largo del territorio nacional”.

Recientemente el gobierno salvadoreño lanzó un grupo policial especializado para combatir a las temibles pandillas, a las que se les imputa la mayoría de homicidios y crímenes que se registran en el país.

Ciudad de Guatemala.- Un funcionario guatemalteco dijo que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no devolverá a una niña que fue adoptada después de que fue arrebatada de su madre en Guatemala en 2006, debido a que ambos países no habían firmado para entonces la Convención de La Haya contra sustracción.

La portavoz del Ministerio, Celeste Alvarado dijo que Estados Unidos envió una nota diplomática diciendo que no estaba obligado a devolver a la niña porque el tratado no había entrado en vigencia. La niña fue adoptada por una pareja de Missourí.

Tegucigalpa.-  Diversos sectores, entre ellos la Iglesia católica de Honduras, clamaron por la liberación del periodista Alfredo Villatoro, secuestrado por desconocidos, en medio de una ola de inseguridad que golpea al país más violento de la región.

Estos son “hechos condenables, (de los) que hasta el momento no se tienen respuestas contundentes de las investigaciones, por parte de los organismos responsables de hacerlas y (de) evitar que la impunidad arrope y proteja a los actores materiales e intelectuales de los hechos”, lamentó la Iglesia.

“Condenamos con vehemencia el secuestro (…) Exigimos su aparición inmediata, con vida e ileso”, demandó por su parte el ex presidente Manuel Zelaya desde República Dominicana donde se recupera de reciente cirugía.

Tegucigalpa.- Las autoridades hondureñas investigarán la supuesta venta de niñas y adolescentes a narcotraficantes en zonas indígenas de la frontera con Nicaragua, informó una fuente oficial.

El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, dijo que la Fiscalía Especial de la Niñez “abrió una investigación sobre la supuesta venta de niñas” y adolescentes para determinar si ese tipo de actividad ocurre en comunidades hondureñas vecinas a Nicaragua.

La presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Mirna Cunningham, denunció en Managua el pasado día 26 que niñas y adolescentes de las comunidades de Río Coco, en Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) de Nicaragua, son vendidas a los narcotraficantes por hasta $2 mil.

Duarte indicó que “personal de la Fiscalía Especial de la Niñez de Honduras se trasladará hasta la zona” fronteriza para comenzar a indagar sobre la denuncia, de la que señaló que hasta el momento solamente conocen lo publicado los medios de comunicación.

Son vendidas con el conocimiento de sus padres

Añadió que desconoce si Nicaragua ha hecho solicitud formal para que Honduras colabore en la investigación del caso que han iniciado las autoridades nicaragüenses.

Cunningham, líder miskita nicaragüense, denunció que niñas y adolescentes de hasta 15 años son vendidas en la zona de Waspan con el aparente consentimiento de sus padres.

“Hasta el momento conocemos la situación por las organizaciones de mujeres de la zona, pero no hay denuncias oficiales de esta situación”, seguramente por el temor a represalias que siente los familiares, dijo Cunningham.

Waspam, uno de los ocho municipios de la RAAN, de 9,300 kilómetros cuadrados de extensión y a 600 kilómetros al noroeste de Managua, es habitada principalmente por miskitos, mayagnas y otras etnias.

San José.- La detención de inmigrantes ilegales por más de 24 horas por parte de las autoridades de Migración de Costa Rica fue suspendida temporalmente, informó  una fuente oficial.

La medida se mantendrá mientras la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano analiza un recurso de inconstitucionalidad contra esas detenciones presentado por varias organizaciones no gubernamentales.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada el 7 de septiembre de 2011 y la Sala Constitucional le dio curso el pasado 27 de abril, explicó la portavoz del alto tribunal, Vanlly Cantillo.

Los demandantes argumentan que va en contra de la Carta Magna que una autoridad administrativa como la Dirección de Migración pueda detener a un inmigrante por más de 24 horas sin trasladar el caso al Poder Judicial.

La acción pretende que se declaren inconstitucionales algunos incisos de la Ley de Migración aprobada en 2010, los cuales indican que un extranjero ilegal podrá ser detenido por más de 24 horas y que también las autoridades están en potestad de retener pasaportes cuando realicen controles migratorios.

Al acoger la Sala Constitucional la acción se suspende la aplicación de esos incisos hasta que se dictamine un fallo, en un plazo indefinido.

La portavoz del tribunal explicó que los magistrados otorgaron un plazo de 15 días hábiles a partir del pasado viernes a la Dirección General de Migración y a la Procuraduría General de la República para que presenten un informe al respecto del tema.

La directora de Migración, Kathya Rodríguez, dijo en declaraciones publicadas hoy por el diario La Nación que esta situación deja “atada de manos” a la institución.

“Estas son las herramientas básicas para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y ejecutar una deportación. La mayor preocupación es el plazo que dure la Sala en resolver la acción, dado que precautoriamente se suspenden estas medidas”, dijo la funcionaria al diario.

Costa Rica es un país de 4,3 millones de habitantes donde según cifras oficiales viven unos 600 extranjeros, la mayoría nicaragüenses que llegaron al país en busca de empleo.

En los últimos meses las autoridades han detectado flujos migratorios de cubanos que ingresan desde Panamá y cuyo destino final es Estados Unidos.

Guatemala.- Un tribunal de Guatemala condenó a tres hermanos a 50 años de cárcel, la pena máxima de prisión en el país, por el secuestro de una empresaria y su pequeño hijo, informó la Fiscalía.

La justicia halló culpables a los hermanos Juan Antonio, Guadalupe de Jesús y Abraham López Jiménez, del secuestro de Yolanda Chipin y su hijo menor de edad, ocurrido en julio de 2011 en un parque a 25 km de la capital, según un comunicado oficial.

Los tres hermanos fueron capturados dos días después del secuestro cuando recogían 50 mil quetzales (unos $6,500) que pidieron de rescate a los familiares, mientras que las autoridades liberaron sanas y salvas a las víctimas.

El castigo impuesto es el máximo en este país centroamericano, agobiado.

San José.- El presidente de una empresa costarricense que defraudó a al menos 2.000 clientes mediante garantías fraudulentas de sus seguros de vida fue declarado culpable por un jurado estadounidense.

Minor Vargas Calvo, de 60 años, es propietario de Providente Capital Indemnity (PCI), una compañía de seguros y reaseguros basada en el país centroamericano.

Vargas y sus principales empleados convencieron a inversores y a grandes compañías aseguradoras internacionales a comprar bonos de PCI supuestamente respaldados por las cotizaciones de seguros de vida de clientes, por un valor de casi 500 millones de dólares.

PCI servía en realidad para desviar el dinero hacia el equipo de fútbol que Vargas poseía en Costa Rica y a sus propias cuentas bancarias.

Vargas fue declarado culpable de fraude postal, de fraude electrónico y de lavado de dinero, y podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel, informó el comunicado.

Tegucigalpa.- El presidente Porfirio Lobo afirmó que no existe un consenso regional para la despenalización de las drogas, pero sí coincidencias en cuanto a la responsabilidad común en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En una rueda de prensa para informar sobre los resultados de la Cumbre de las Américas celebrada el fin de semana en Cartagena, Lobo dijo que se habló “de estudios técnicos y científicos, análisis y maneras de ser más efectivos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero no habrá despenalización”, o algún acuerdo al respecto.

Para el presidente hondureño, el logro más importante de la cumbre fue “aceptar el concepto de responsabilidad común, compartida y diferenciada” en la lucha contra ese flagelo.

Explicó que “la responsabilidad” recae en “quienes producen y quienes consumen”, en referencia a Colombia y Estados Unidos, respectivamente, y que debe ser “equivalente a la magnitud de la participación de cada país en el problema”.

“Nuestra desgracia es estar en la zona de paso”, lamentó.

La propuesta de legalizar el tema de las drogas como medida para combatir el tráfico, distribución y consumo la lanzó el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Estados Unidos se opuso a la idea, así como la mayoría de las naciones centroamericanas.

Lobo propuso la creación de un “escudo” que consiste en que “Estados Unidos vigilen y nos guarden de que la droga ingrese en nuestros países”.

Tras hacerse público en febrero la propuesta del mandatario guatemalteco, se generó un cruce de declaraciones, encuentros y desencuentros entre mandatarios de América Central que, finalmente, no sumó los apoyos esperados a la propuesta.

El gobierno estadounidense expresó que su postura en la lucha contra el narcotráfico no pasa por la despenalización de las drogas, sino por incrementar el apoyo en materia de seguridad que les brinda a estos países a través de la estrategia de seguridad regional de América Central, con 60 millones de dólares comprometidos para el próximo año.

San Salvador.- Un tribunal de justicia de El Salvador condenó a penas de 30 hasta 145 años de prisión a seis acusados por el asesinato de dos ambientalistas y cuatro personas más, crímenes cuyos móviles fueron las rencillas entre dos familias, informó hoy la Fiscalía General de la República (FGR).

El jefe de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Delgado, y el fiscal del caso, Santiago Hernández, dijeron en rueda de prensa que se condenó a cinco pandilleros por ejecutar los asesinatos y al autor intelectual de uno de los hechos, cometidos en 2009 en el departamento de Cabañas (noreste).

Hernández precisó que los miembros de la pandilla “La 18” José Alexander Pérez, José Ángel López, Nicolás Najarro, José Alberto Alfaro y Patricia Ramírez fueron condenados a 145, 105, 80, 35 y 30 años de cárcel, respectivamente.

Además, Saturnino Rodríguez fue condenado a 30 años de prisión como autor intelectual de uno de los crímenes, y otros cinco imputados fueron absueltos.

Delgado explicó que, aunque en principio se atribuyeron los asesinatos a la pugna por un proyecto de minería de oro, la FGR estableció que los móviles fueron “motivos estrictamente personales” entre las familias Menjívar y Rivera, y que antes de ese movimiento “ya habían existido agresiones entre miembros de uno y otro grupo”.

Enfatizó que los Menjívar estaban a favor del proyecto y los Rivera en contra, pero que en julio de 2008 la empresa minera suspendió las exploraciones, lo que avivó las rencillas entre ambas familias.

Las últimas víctimas fueron la ambientalista Dora Recinos y su hijo “no nacido”, pues estaba en el octavo mes de embarazo, en un hecho motivado por la relación de ella con Rivera Gómez en el movimiento contra la minería.

El fiscal Hernández insistió en que “se logró establecer en el juicio, y así se resolvió en la sentencia”, que “los crímenes se originaron por riñas entre familias”, y que las diferencias por el proyecto minero fueron “una excusa”.

Hernández refirió que la legislación salvadoreña permite procesar a quien mate a un “no nacido”.