Nueva York.- El hostigamiento policial en contra de personas de origen latino en Nueva York crece por la política de cateos personales que activaron autoridades locales y tras el inicio del programa Comunidades seguras, revelaron cifras oficiales.

De acuerdo con cifras de la policía de la ciudad, en los primeros tres meses del año hubo 203 mil 500 revisiones o cateos, con lo que de mantenerse la tendencia, se romperá el récord impuesto en esta práctica en 2011, cuando se reportaron 400 mil.

Las principales víctimas de esta política han sido, de manera desproporcionada, latinos y afroamericanos, sujetos de los cateos en 87 por ciento de los casos, pese a que sólo 10 por ciento de las personas revisadas fueron arrestadas o recibieron citatorios. De acuerdo con el Centro de derechos constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), no hay evidencia de que la política de “detener y catear” haya contribuido a reducir el crimen en Nueva York, pero su aplicación persiste.

“La disparidad racial revelada en las últimas series de cifras, y la baja correlación entre cateos y actividad criminal continúan con un patrón generado por nueve años de datos”, afirmó el CCR en un comunicado emitido hoy.  El organismo indicó que análisis de los datos oficiales muestran que “la raza es un factor primordial para determinar” a quién detienen y revisan los policías de la ciudad.

“Los afroamericanos y los hispanos son significativamente más susceptibles de ser detenidos que los blancos, y la mayoría de los cateos ocurren en barrios latinos y negros”, precisó.

Por si fuera poco, inició la aplicación en Nueva York y Massachusetts del programa Comunidades Seguras, con base en el cual se han deportado miles de inmigrantes indocumentados que no suponen ningún riesgo para Estados Unidos.

El programa obliga a que las autoridades locales compartan con la Oficina de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) información sobre las huellas dactilares de los detenidos, con lo que esta agencia federal puede iniciar procesos de deportación. Pese a que la intención del programa es deportar a inmigrantes con antecedentes penales en Estados Unidos, estudios muestran que la mayoría de los expulsados cometieron faltas administrativas o fueron detenidas sin justificación o de manera ilegal.

De acuerdo con CCR, el programa “agravará los abusos que actualmente ocurren en el sistema criminal de justicia de Nueva York así como el sistemático perfil racial sin restricciones dentro de las comunidades negras y de color de la ciudad”.

Los Angeles.- Un menor de 14 años, único sospechoso de haber dado muerte a su padre, un agente de migración, luego de que éste lo regañó por bajas calificaciones escolares, podría ser juzgado como adulto, reportaron autoridades.

El agente de migración Myron W. Chisem, fue asesinado a tiros en su domicilio en el 19300 de la avenida Broadacres en la ciudad de Carson un suburbio al sur de Los Angeles. Fiscales de la Procuraduría de Los Angeles adelantaron que pedirán al juez que el menor de 14 años, cuya identidad no se ha revelado sea enjuiciado como adulto.

De acuerdo con los reportes, el menor aparentemente disparó desde el patio trasero una vez a la cabeza de su padre quien se encontraba en la sala de su domicilio mientras observaba la TV.

El agente de la Oficina de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de raza afroamericana Myron W. Chisem fue asesinado con una de sus propias armas que tenía en su domicilio. Según las primeras indagaciones difundidas por agentes del Departamento del Sheriff de Los Angeles (LASD) el mismo joven fue quien llamó al teléfono de emergencia, pero no se precisó si el menor declaró que él mismo había cometido el delito. El arma fue encontrada en el patio delantero del domicilio.

Las propias autoridades señalaron que entre las primeras indagaciones se encontró que el menor se encontraba molesto por las llamadas de atención de su padre por sus bajas calificaciones escolares.

“Hubo algunos aspectos disciplinarios por las bajas calificaciones”, señaló el fiscal de distrito Todd Hicks quien confirmó que el menor se había cambiado a vivir con su padre hace poco más de un año.

Chisem, de 42 años, había sido marine antes de convertirse en agente del ICE en 2007.

El menor deberá comparecer ante un juez de la Corte Juvenil de Compton y podría enfrentar cargos de asesinato en primer grado y uso de arma de fuego.

Miami.- Grupos proinmigrantes de Florida intentan evitar la orden de salida voluntaria de dos guatemaltecos indocumentados que afirman que agentes del ICE usaron fuerza excesiva en su contra durante un operativo y luego se les negó una visa especial tras colaborar con las autoridades.

Las organizaciones We Count! y Americans for Immigrant Justice realizan una carrera frenética de acciones para que las autoridades de Inmigración suspendan a último momento la partida el próximo domingo de Adolfo García, de 20 años y Julio Díaz, 21, oriundos del departamento de Quetzaltenango, en el oeste de Guatemala.

“Estamos tratando de hacer todo lo posible con llamadas a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y cartas, además de una petición en internet con unas 30.000 firmas”, dijo hoy a Efe el director ejecutivo de “We Count!”, Jonathan Fried.

La abogada de los inmigrantes, Romy Lerner de Americans for Immigrant Justice, lanzó una campaña en Change.org para que el ICE detenga de la deportación de sus clientes.

“Soy la abogada de los chicos y comencé esta petición porque no tengo confianza en que el sistema de inmigración no le vaya a fallar a estos muchachos, incluso después de todo lo que ellos han pasado y ellos necesitan el apoyo de las personas como ustedes para asegurarse de que puedan quedarse en EE.UU.”, dijo la abogada en la petición.

Lerner informó que ambas organizaciones han enviado una carta al director nacional del ICE, John Morton, pidiendo que detenga la deportación de estos dos “jóvenes trabajadores, ellos merecen ser tratados de manera justa después de que sus derechos civiles fueron brutalmente violados”.

“Hasta el ICE acepte responsabilidad por las acciones de sus agentes, estos continuará abusando de su poder”, sostuvo la letrada.

Según Lerner los guatemaltecos, que no tienen antecedentes penales, estaban tan ensangrentados y con contusiones tras su arresto que tanto el “director del centro de detención de Inmigración donde estaban y la Cónsul de Guatemala expresaron alarma”.

Las autoridades detuvieron a García y Díaz, quienes hablan mam, una de las lenguas mayas, el 19 de noviembre de 2008 durante una operación del ICE dirigida a desmantelar una red de tráfico humano con fines de prostitución en Homestead y otras zonas del sur del estado de Florida.

La abogada afirmó que los agentes allanaron de manera errónea la casa de los jóvenes, así como otras residencias en Homestead, en el condado de Miami-Dade, Fried, a su vez citando documentos del ICE, explicó que detuvieron a cerca de 91 personas en la operación, pero sólo entre 4 y 7 estaban presuntamente involucradas en la red.

Los guatemaltecos, que eran trabajadores agrícolas, dijeron que los agentes del ICE los golpearon y los patearon al momento de colocarles las esposas para detenerlos.

New York.- Inmigrantes, activistas y funcionarios denunciaron la activación de un polémico programa que obligará a la policía del estado de Nueva York a compartir con el gobierno federal las huellas dactilares de arrestados para ver si pueden ser deportados.

Los manifestantes criticaron con dureza el programa Comunidades Seguras que entró en vigor el martes  15 de mayo en Nueva York, entre otros estados.

Concejales neoyorquinos, congresistas, activistas e inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos dijeron que el programa implica la deportación de personas que no han cometido delitos o sólo delitos menores y que no suponen una amenaza para la sociedad. También dijeron que Comunidades Seguras propiciará que los inmigrantes dejen de llamar a las autoridades para reportar un crimen por miedo a ser deportados.

“Habrá más violencia doméstica. Si me pasa algo a mi, yo no llamaré a la policía”, dijo Emma Vidals, una inmigrante mexicana sin papeles que lleva 20 años en Estados Unidos. “Esto era más seguro antes. Ahora habrá más inseguridad”.

Luis Martínez, portavoz de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), respondió el lunes que el objetivo de su entidad es la identificación y expulsión de delincuentes.

En el año fiscal 2011, y por primera vez, un 55% de las deportaciones realizadas por ICE fueron de criminales convictos, dijo Martínez.

Frente a la alcaldía de Nueva York, los activistas y políticos hablaron el lunes ante los medios de comunicación para exigir la suspensión del programa en Nueva York, un estado que mantiene políticas favorables a inmigrantes.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció en junio de 2011 que su estado no participaría en el programa. Aún así, la iniciativa federal fue impuesta en Nueva York, Massachusetts, Wyoming y Arkansas.

“Comunidades Seguras reduce la confianza entre la policía y la comunidad”, dijo la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez a los periodistas. “¿Y además, quien se supone que va a pagar para que agentes de policía se conviertan en agentes de inmigración?”

Tras la rueda de prensa, un centenar de activistas e inmigrantes caminaron hasta las puertas de la sede de la Servicios de Inmigración y Ciudadanía con pancartas que decían “Mobilización para frenar deportaciones” y “Los inmigrantes construyeron esta ciudad”. Aseguraron que Comunidades Seguras promueve la categorización racial de hispanos y viola derechos y libertades civiles.

“Esto va afectar a nuestras familias”, dijo David Suárez, un mexicano de 40 años que trabaja como jornalero y mantiene a dos hijos.

En el año fiscal 2011, ICE deportó a 216.698 delincuentes, lo que supone un aumento del 89% respecto a la expulsión de delincuentes en el año fiscal 2008, aseguró la agencia federal. ICE usa el intercambio de información que ofrece Comunidades Seguras en 2.792 jurisdicciones del país en 48 estados y Puerto Rico.

La agencia espera implementar el programa en todos los estados del país antes de finales del 2013.

Oneonta, Alabama.-Algunos de los  agricultores de Alabama anunciaron que reducirán la plantación de sus cosechas de verduras y hortalizas por temor que no puedan recolectarlas ante la falta de braceros debido a la campaña estatal contra la inmigración ilegal.

Los agricultores entrevistados por The Associated Press sostienen que no tuvieron otra alternativa que plantar menos. Temen que no habrá braceros suficientes para la cosecha, la cual la realizan en su mayoría inmigrantes hispanos, tanto en condición legal como ilegal.

Algunos inmigrantes salieron del estado desde que el gobernador Robert Bentley firmó la ley de inmigración a fines del año pasado y algunos agricultores dijeron a The Associated Press temen que la situación se repita este año.

“Demasiada incertidumbre en el aire”, dijo Keith Dickie, que junto con su hermano cultiva una zona llamada Straight Mountain, a unos 60 kilómetros (40 millas) al noreste de Birmingham.

En la cercana zona de Chandler Mountain, otra área de cultivos, Jimmy Miller dijo que redujo la extensión de hortalizas que cultiva debido a la posible carestía de braceros y en su lugar plantaron más algodón y maníes, que pueden ser cosechados con maquinaria pesada que requiere asistencia laboral mínima.

No quedó en claro cuántos agricultores alteraron sus planes de siembra este año debido a la nueva ley.

Ni el Departamento de Agricultura e Industria de Alabama ni la Federación de Agricultores y Ganaderos de Alabama han recopilado estadísticas en lo que va de año. Empero, un especialista de la Federación dijo que este año será vital para determinar la cuantía de mano de obra ausente en Alabama y su costo potencial para los consumidores.

Empero Mac Higginbotham, el especialista de la Federación, dijo que la temporada de cultivo es importante para los agricultores del estado, de los que unos 1.100 se dedican al cultivo intensivo de hortalizas.

“Creo que este año ilustrará realmente la verdadera dimensión de la falta de mano de obra y quedará reflejada en la disponibilidad de las verduras, y eventualmente en su precio”, insistió.

Los funcionarios estatales de agricultura sostienen que la ley ha creado una carestía crónica de mano de obra desde su aprobación el año pasado por la legislatura controlada por los republicanos, cuyos patrocinadores dijeron que su intención es desalojar del estado a los inmigrantes que no cuenten con autorización para residir en el país haciéndoles muy difícil que vivan en Alabama.

Phoenix.- Las autoridades federales demandaron al autoproclamado jefe policial más severo de Estados Unidos, ante supuestos casos en los que su oficina ha etiquetado racialmente a los latinos durante sus característicos patrullajes para detener a inmigrantes no autorizados en Arizona.

La demanda del Departamento de Justicia federal señala que en la oficina encabezada por Joe Arpaio en el condado más poblado de Arizona prevalece una cultura de desprecio hacia los derechos constitucionales básicos.

Con la demanda, la disputa queda en camino hacia una corte.

El Departamento de Justicia manifestó originalmente en diciembre las acusaciones, pero se abstuvo de interponer una demanda, mientras trataba sin éxito de llegar a un arreglo con Arpaio.

En aquel entonces, Arpaio rechazó aceptar un monitor designado por la corte que ayudaría a impulsar un arreglo. Arpaio dijo que ello significaría que cada decisión sobre qué política seguir tendría que ser dilucidada a través de un observador y nulificaría su autoridad.

En una conferencia de prensa realizada el miércoles, después de que funcionarios del Departamento de Justicia le notificaron sobre su intención de demandarlo, Arpaio se defendió.

“Si ellos demandan, iremos a la corte”, señaló. “Y entonces descubriremos la historia real. Ellos me están diciendo cómo operar mi organización . Me gustaría que esto se resuelva, pero no voy a renunciar a mi autoridad ante el gobierno federal. Es tan sencillo como eso”, agregó.

La oficina de Arpaio también está acusada de castigar a reos hispanos por hablar en español en la cárcel y por basar algunos de sus patrullajes en quejas ciudadanas con motivaciones raciales. Esas denuncias no habrían reportado en realidad la comisión de un delito.

El alguacil ha rechazado las acusaciones.

El Departamento de Justicia ha estado buscando un acuerdo, exigiendo a la oficina de Arpaio que capacite a sus agentes sobre cómo realizar detenciones viales apegadas a la Constitución, cómo acopiar información sobre personas arrestadas por violaciones al reglamento de tránsito y para asegurar a los hispanos que el departamento está ahí con la misión de protegerlos a ellos también.

“Ejercer el cumplimiento de la ley de manera constitucional es un elemento esencial de mantenimiento del orden público”, señala la demanda del Departamento de Justicia. La conducta de la oficina del alguacil y de Arpaio no es constitucional ni efectiva para el mantenimiento del orden”, agrega.

Los Angeles.- En comparación a otros extranjeros que viven en Estados Unidos, los latinoamericanos tuvieron el índice más alto de pobreza y el más bajo en educación secundaria o superior hace dos años, divulgó la Oficina del Censo.

El 24% de los latinoamericanos fue pobre en el 2010, más que el 21% de los africanos o el 15% de gente de Oceanía, indicó la agencia federal.

El ingreso medio anual de un latinoamericano, unos 38.238 dólares, también fue el más bajo que el de otros inmigrantes, agregó el Censo. Oceanía registró el ingreso medio más alto con 71.441 dólares por años, seguido Norte America con 64.095 dólares y Asia por 63.777 anuales.

En el área educativa, el 53% de latinoamericanos mayores de 25 años no ha terminado su secundaria o carece de estudio superiores, en comparación al 90% de los canadienses. Los extranjeros de Africa, Europa, Asia y Oceanía registraron índices entre 88% y 84%.

Los latinoamericanos también registraron el índice más bajo (14 de profesionales en áreas de administración, negocios, ciencias y arte, en comparación al 59% de canadienses o 47% de asiáticos. El área de servicio fue donde los latinoamericanos destacaron con 31%, por encima de cualquier otro grupo.

El trabajo, sin embargo, fue fundamental para los hispanos inmigrantes. El 71% de éste grupo trabajó en el 2010, superando los índices de la población total de extranjeros (68 y la de estadounidenses y de la población general (que registraron 64% cada cual).

“La gente sigue viniendo a Estados Unidos por muchas razones pero principalmente por cuestiones económicas, porque aquí ven más oportunidades que en otros países. Algunos vienen por su familia o para estudiar pero la mayoría sigue viniendo por la economía”, dijo Mark Hugo López, director asociado del Pew Hispanic Center.

El reporte basado en información del 2010 incluye información sobre los casi 40 millones que conforman la población extranjera en Estados Unidos. De estos, el 53% provino de Latinoamérica, había reportado antes el Censo.

 Nueva York.- Trabajadores hispanos se unieron para apoyar una legislación que obligaría a pequeños negocios y empresas de la ciudad de Nueva York a pagarles los días que estén enfermos o a asegurarles que no les despiden si se enferman y no van a trabajar.

Cubanos, dominicanos, colombianos y mexicanos que trabajan en restaurantes, tiendas o cuidando a ancianos se presentaron frente a las oficinas del concejal de origen puertorriqueño y afroamericano Erik Dilan, en Brooklyn, para exigirle que apoye el proyecto de ley.

“Necesitamos esto, no importa el estatus migratorio que tengamos”, dijo Eudozio Alvarado, un mexicano de 58 años que fue despedido en noviembre del restaurante en el que trabajaba porque faltó debido a una operación quirúrgica. Alvarado, quien nació en el estado de Guerrero y cobraba 380 dólares a la semana, había resultado herido cuando una caja pesada le cayó encima del pie.

Los hispanos entregaron 1,800 firmas en la oficina de Dilan en apoyo del llamado Paid Sick Time Act (Ley de Tiempo de Enfermedad Pagado). La medida está pendiente de ser votada por el Concejo Municipal y obligaría a empresas de más de veinte empleados a pagar hasta nueve días de enfermedad por empleado y negocios de cinco a 20 empleados a pagar hasta cinco días de enfermedad. Los negocios más pequeños tendrían que ofrecer cinco días de enfermedad sin pagar, pero asegurando que el empleado no pierde su puesto.

“Si nos enfermamos y no vamos a trabajar, no cobramos”, dijo Juana Geraldo, una dominicana de 56 años que trabaja cuidando ancianos a domicilio a cambio de 10 dólares la hora. “Estamos aquí para reclamar que se nos apoye en esta lucha”.

Más de un millón de neoyorquinos, entre ellos un gran número de inmigrantes e hispanos, carece de días de enfermedad pagados en el trabajo, según datos de la organización sin ánimo de lucro Se Hace Camino Nueva York, que organizó la protesta. El grupo de activistas dijo que tres de cada cuatro trabajadores con sueldos bajos no cobran si se enferman.

Muchos de los afectados son inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos que trabajan sin contrato y cobrando en efectivo.

El colombiano Carlos Gil, de 40 años, dijo que se unió a la protesta en solidaridad a otros hispanos. Gil trabaja como jornalero, buscando empleo en puestos de construcción.

“Yo no tengo días de enfermedad porque, en mi sector, eso es muy difícil”, explicó. “Pero si logro un empleo distinto al mío, medidas como esta me beneficiarían”.

Deje la preocupación: su hijo llegará

Yo llegué a EE.UU. legalmente por la Ley de Reunificación Familiar. Mi padre es ciudadano de EEUU y gracias a su estatus nos hizo la reclamación a mi esposa, mi hijo y a mí. Mi hijo cuando se inició todo este proceso acababa de cumplir sus 19 años de edad. Esto fue en el año 2008.

En el año 2010 fuimos mi esposa, mi hijo y yo a la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana, Cuba. Desde ese momento comenzó una gran odisea para nuestra familia, ya que todo lo que pensábamos que sería unión, como bien lo implica la palabra reunificación, se convirtió en la separación de nuestra familia.

En la entrevista nos dieron la aprobación a mi esposa y a mí de venir a EE.UU., pero a mi único hijo, que es lo más grande que tengo en esta vida, le dijeron que no, y nos explicaron que él no había sido aprobado ya que tenía meses pasados de la minoría de edad.

Respuesta:

Mi primera recomendación: no se preocupen más, ni usted, ni su hijo, que todo lo que me relata en su carta está normal y bien hecho. Mi segunda sugerencia: deje tranquilo al Presidente Obama, que ahora mismo se está rascando la cabeza por los gravísimos problemas de EE.UU.

Su hijo llegará. Y más bien pronto. No es que sea satisfactorio y bonito todo lo que me relata respecto de sus obstáculos a esta parte, pero no encuentro ningún factor de alarma en su caso. Fue infortunado que rebasara los 21 años antes de la visa de inmigrante de ustedes, pero no es fatal, ni mucho menos. “El que espera lo mucho, espera lo poco”. Dicho todo lo anterior (“¡Seguro mató a confianza!”), compre una garantía adicional iniciando ya mismo una petición I-130 suya a favor de su hijo. Entiendo su impaciencia (a mí me pasaría igual), pero no hay razón de alarmarse. No falta mucho tiempo para que desaparezcan ambos hermanos Castro y un nuevo sol brillará sobre Cuba desde Guantánamo hasta Pinar del Río…

“No me iré 

sin mi hija”

Mi hijo menor, que es americano de nacimiento y yo también, se casó hace 10 años con una señora colombiana que conoció en Bogotá, cuando lo llevaron a hacer modelaje para firmas colombianas. Tuvo mucho éxito, y ahí conoció a una actriz de TV que se enamoró perdidamente de él y lo siguió a sol y sombra. Mi hijo no tenía mucha experiencia en tramas de la vida, ya que ella era divorciada, con un hijo de 6 años, pero fue tanto el acorralamiento de ella, que se casaron en Miami, donde yo vivía con mi hijo. Ella viajó de Bogotá y se casaron sin hacérmelo saber a mí porque yo no estaba de acuerdo a este matrimonio, había mucha diferencia entre los dos.

Así transcurrieron los años, entre peleas y separaciones, hasta que hace aproximadamente 5 años se ubicaron en Los Angeles, California. El trabaja en Hollywood, como hair stylist (peluquero de señoras) y ella lo hacía en comerciales cuando los había y en alguno que otro papel para la TV en español, pero las peleas seguían y había de por medio una niña que ahora tiene 9 años. En mi opinión, fue una buena decisión de los dos el divorciarse. Pero el caso es que ella se ha ido a Colombia, a Bogotá más específicamente. Ella se fue en diciembre y a la fecha él no sabe nada de su hija, ha llamado a la casa de la madre ella, pero no le dan noticias de la niña.

Creo yo, sin lugar a dudas, que esto es ilegal de parte de ella, porque ella necesitaba el permiso de él para sacarla fuera de EEUU. La niña tiene las dos nacionalidades, americana y colombiana.

Por favor, déme una solución a este problema, con sus vastos conocimientos de inmigración. Dígame si mi hijo tiene que llamar a Inmigración en Los Angeles, él dice que busca en Internet, pero que no logra encontrar.

Respuesta:

Gracias por sus amables palabras y si son tantas las personas que leen esta columna aun sin tener interés personal en los aspectos inmigratorios es porque, modestia aparte, ella, en la forma que yo la escribo, refleja la vida misma, y esa sí que nos es común a todos los lectores — mujeres, hombres, jóvenes, viejos, ricos, pobres, genios, no tan genios, ó de cualquier otro estado y condición…. “Not without my daughter” (“No me iré sin mi hija”) Se acuerda usted de esta película? Bella, sufrida y trágica — en todas las latitudes…

Yo me temo que la pregunta que usted me plantea no caiga en el terreno de mi especialidad: soy abogado de inmigración, no abogado de familia. Así y todo, aun para formarme una idea más concreta de una posible violación de las leyes al haberse la nuera llevado a la nieta de usted, podría haber violado las condicione pactadas en el divorcio, si es que una condición restrictiva al respecto se hubiera decretado en esa gestión. De ahí que la expresión suya “creo yo, sin lugar a dudas, que esto es ilegal de parte de ella” es bastante discutible, no así respeto de lo que usted cree ó no cree, sino porque las creencias suyas (ó las mías), perdóneme, no valen cinco centavos: las leyes son objetivas y no subjetivas, primer principio de orden en un mundo sin lo cual todas las normas serían un caos…

Santa Ana, CA.- Las autoridades de inmigración de Estados Unidos propusieron archivar 7,5% de los casos de deportación, según una revisión masiva del atestado sistema de cortes de inmigración que busca centrar los esfuerzos en deportar delincuentes, dijeron funcionarios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha ofrecido suspender temporalmente los casos de deportación de unas 16.500 personas después de revisar más del 70% de los casos de inmigración pendientes hasta mediados de abril, de acuerdo con estadísticas dadas a conocer por la agencia.

Funcionarios del ICE dijeron que 2.700 casos han sido archivados. El resto aún requiere papeleo y revisión de antecedentes. No estaba claro de inmediato cuántos inmigrantes habían aceptado la oferta.

El gobierno de Barack Obama anunció en agosto que unos 300.000 casos de deportación serían revisados y que aquellas personas sin antecedentes penales y aquellos inmigrantes ilegales que no representaban una amenaza a la seguridad pública o nacional muy probablemente verían sus casos suspendidos por tiempo indefinido.

Defensores de los inmigrantes saludaron la decisión, pero los oponentes la criticaron, alegando que el programa es sólo un intento del gobierno de evadir la autoridad del Congreso.

Desde entonces, sin embargo, defensores de los inmigrantes se han quejado de que el gobierno está ofreciendo aplicar discreción procesal en muy pocas instancias y que aquellos cuyos casos de deportación son archivados aún no reciben permisos de trabajo.

Algunos dicen que a los inmigrantes les iría mejor probando suerte en los tribunales de inmigración, donde, por ejemplo, pudieran pedir asilo.

La subsecretaria de prensa del ICE Gillian Christensen dijo que la revisión prosigue. El objetivo principal es permitir a las autoridades concentrarse en deportar a inmigrantes con antecedentes penales o aquellos que previamente hicieron caso omiso a las órdenes de salir del país.

“Esta revisión busca permitirle a la agencia usar mejor sus recursos limitados”, dijo Christensen en una declaración.