La ciudad dijo sí por unanimidad a una ordenanza que en junio votaron favorablemente los electores y que entrará en vigor dentro de dos semanas.
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) anunció que impugnará la legislación de Fremont, batalla que ya ha entablado en otros estados y ciudades con leyes similares, entre ellas Hazleton, cuya ordenanza fue bloqueada por inconstitucional.
Los detractores de la prohibición de Fremont afirman que es motivada por el racismo, mientras que sus partidarios señalan que la medida apunta a las personas que viven en el país de manera ilegal.
La ley de Fremont obligará a autoridades y empleadores a verificar que los solicitantes de empleos y viviendas se encuentren de manera legal en Estados Unidos.
La ley de Hazleton
La medida se basó en una ley de Hazelton, que fue impugnada en tribunales tras su aprobación en 2006.
Luego de varios meses de proceso judicial, en julio de 2007 y poco antes de entrar en vigor, un juez federal la declaró inconstitucional, fallo que sentó un precedente en los esfuerzos de los estados contra la población indocumentada.
En un dictamen de 206 páginas emitido en Scranton, Pensilvania, el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha la ley aprobada en 2006 que prohíbe el alquiler de viviendas y negocios a indocumentados, y también sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.
En resumen, el magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.
Satanizan a sin papeles
Según el criterio externado por abogados de la ACLU en el juicio entablado en Pensilvania en 2007, Hazleton había volteado los hechos para poder "satanizar a los indocumentados y convertirlos en sus chivos expiatorios injustamente".
La satanización de los indocumentados se hizo con el fin se "culparlos por el crimen, escuelas sobresaturadas y otros problemas" que afectan a la ciudad, dijo Witold J. Walczak, director legal de la ACLU de Pensilvania.
