Bogotá.- A pesar de haberse arrepentido en una entrevista, el pedido de indemnización por unos $6.5 millones presentado por Ingrid Betancourt y su familia al Estado colombiano ha hundido la imagen de la ex candidata pre-sidencial, a la vez que abrió el debate sobre las responsabilidades por el secuestro en el país.

La demanda por el secuestro que sufrió durante más de seis años desató una oleada de críticas entre funcionarios, dirigentes políticos y la gente común, al punto de que Betancourt declaró que fue malinterpretada y a la postre admitió que se arrepentía por esa acción.

"No hay ni habrá ninguna demanda. No hay ningún ataque contra el gobierno que me liberó, contra el presidente [Alvaro] Uribe al cual le debo todo el agradecimiento ni contra las Fuerzas Militares. Las únicas culpables de mi secuestro son las FARC y quienes me liberaron fueron los héroes'', señaló en una entrevista con Caracol Radio y el Canal Caracol.

Sin embargo, la solicitud de conciliación no ha sido retirada aún, y la Procuraduría de Colombia se apresta a fijar una fecha para la primera audiencia, indicó una fuente de esa instancia.

El tema ha sido objeto de debate durante los últimos días, en los que la ex candidata presidencial del partido Oxígeno Verde --secuestrada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2002 y liberada por la fuerza pública colombiana en el 2008-- ha sido tachada de "egoísta'', "caprichosa'' e incluso ‘‘falsa'' por columnistas de opinión y el público en general.

Para Edgar Gómez, directivo de la asociación País Libre, que estudia el secuestro en Colombia, este tipo de procedimientos difícilmente pueden dar resultados. "El Estado tiene el deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, lo que incluye las libertades y condiciones mínimas de seguridad. Pero muy pocas demandas tienen curso, porque es muy difícil probar responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión'', señaló Gómez. "En Colombia operan desde hace más de 40 años grupos armados al margen de la ley, y el Estado no puede asumir la seguridad de sus ciudadanos en las zon as donde otros factores son más fuertes que él. Sería como si los contratistas que operan en Irak demandaran a ese país por los secuestros que sufren'', opinó. Las FARC, la guerrilla más antigua y numerosa de Colombia, mantiene cautivos a 19 militares y policías que pretende canjear por subversivos presos, así como a un número indeterminado de civiles por motivos económicos.