Washington.- El gobierno federal está expandiendo velozmente un programa que busca recabar las huellas dactilares de todas las personas detenidas para determinar si son indocumentadas, suscitando quejas de gobiernos locales y de grupos activistas.

La iniciativa no ha generado tanta polémica como la ley de Arizona que penaliza la inmigración ilegal, pero a la larga podría tener mayor impacto, ya que podría llevar a que miles de inmigrantes sean deportados.

El comandante policial de San Francisco se negó a cumplir con el plan y el concejo municipal de Washington, D.C., impidió su implementación en la capital del país. La legislatura de Colorado ha comenzado a debatir el tema y varios grupos pro inmigrantes le enviaron una carta al gobernador de ese estado la semana pasada, denunciando que el plan llevaría a muchos inmigrantes a negarse a cooperar con la policía "para no verse metidos en líos de inmigración".

El programa, llamado Secure Communities ("Comunidades seguras"), estipula la toma de huellas dactilares de toda persona que es detenida, y el cotejo de esas huellas con los registros del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional. La mayoría de las localidades en Estados Unidos aún carecen de esa herramienta, pero la Agencia de Inmigración y Aduanas ha estado paulatinamente ampliando su uso.

Desde el 2007, un total de 467 jurisdicciones en 26 estados se han incorporado a Secure Communities. La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha anunciado que lo tendrá en todas las cárceles del país para el 2013. El programa está siendo introducido primero en las comunidades donde el gobierno ha detectado una mayor presencia de inmigrantes sin papeles o altas tasas de delincuencia.

Debido a que todos los que sean arrestados tendrán que dar sus huellas dactilares, el programa bien podría superar a la ley de Arizona en cuanto a generación de deportaciones, declaró Sunita Patel, abogada de Nueva York que interpuso una demanda a favor de una agrupación pro inmigrantes. Patel dijo que debido a que cualquier inmigrante indocumentado será remitido a la ICE aun antes de ser hallado culpable, el programa podría desembocar en prácticas racistas y convertirse en una máquina de deportaciones.

"Esto tiene el potencial de revolucionar el sistema de procesamiento de inmigrantes", dijo Patel.

Patel presentó la demanda en nombre del National Day Laborer Orga-nizing Network (Red Organizativa Nacional de Jornaleros), que ha expresado temores de que el programa sea trasladado a Nueva York. La demanda exige, entre otras cosas, datos estadísticos sobre quién ha sido deportado a causa del programa y cuál fue el motivo del arresto.

Los partidarios del programa sostienen que ayuda a capturar a peligrosos delincuentes que de otra manera pasarían desapercibidos. Entre el 27 de octubre del 2008 hasta fines de mayo pasado, casi 2,6 millones de personas han sido sometidas a la prueba de Secure Communities.

De ellas, casi 35.000 fueron identificadas como inmigrantes sin papeles que tenían prontuario policial por delitos graves como asesinato y violación, dijo el ICE. Más de 205.000 personas identificadas como inmigrantes indocumentados tenían antecedentes policiales por delitos menos graves.